El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, blanco de críticas en Brasil y en todo el mundo por la supuesta omisión de su Gobierno ante los incendios que destruyen la Amazonia, decidió reaccionar y prometió combatir los crímenes ambientales, para lo que movilizó al Ejército.

El líder ultraderechista brasileño también salió en defensa de Brasil frente a los países que amenazan con imponer represalias por supuestamente negarse a cumplir sus compromisos ambientales y dijo que los incendios ocurren en todo el mundo y que no pueden ser usados como pretextos para sanciones internacionales.

El mandatario aseguró en un pronunciamiento en cadena de radio y televisión que el país está cumpliendo con su deber de cuidar de la Amazonia y explicó que los incendios en la región son recurrentes en los meses de sequía en el norte del país.

"La protección de la selva es nuestro deber. Estamos conscientes de eso y actuando para combatir la deforestación ilegal y cualquier otra amenaza que coloque la Amazonia en riesgo", dijo.

"Somos un Gobierno de tolerancia cero con la criminalidad y no es diferente en el área ambiental", agregó.

Aclaró que el norte de Brasil enfrenta tradicionalmente por esta época del año un período de sequía, calor y vientos fuertes, por lo que los incendios son recurrentes.

"Pese a que no están fuera del promedio de los últimos 15 años, no estamos satisfechos y vamos a actuar fuertemente para controlar los incendios", dijo.

Según datos divulgados esta semana por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), la región amazónica ha registrado más de la mitad de los 71.497 incendios forestales detectados en Brasil entre enero y agosto de este año, una cifra un 83 % superior al del mismo período de 2018.

Pese a que los incendios de este año son los mayores para el período en los últimos siete años, están lejos de los registrados en 2004, en el Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuando hasta agosto ya habían superado los 100.000.

Bolsonaro recordó que este mismo viernes firmó un decreto que permite el envío de miembros y equipos de las Fuerzas Armadas a los estados amazónicos que los soliciten para ayudar a frenar la deforestación y combatir los incendios.